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CARTA A MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA / JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - 18 de Junio del 2014

México, D.F., a 18 de junio del 2014

 

DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Presente.

Fredy Antonio José Sabido y Rivas con domicilio para oír y recibir notificaciones el de: Niza No. 62, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. respetuosamente comparezco ante Usted para, con fundamento en el Art. 8º Constitucional solicitar la siguiente:

Que digan en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del D.F. en el ámbito de la Tesorería y en el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial como interpretan el artículo 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional (Ley de Profesiones), que dice:

ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, que lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y oyendo el parecer de los Colegios de Profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para cada profesión, expedirá los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones.

Que digan en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del D.F. en el ámbito de la Tesorería y en el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial como interpretan el artículo 2º Transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional (Ley de Profesiones), que dice:

ARTICULO 2º.- Esta Ley deroga todas las leyes y disposiciones de carácter general que se le opongan. No deroga las disposiciones especiales contenidas en leyes de carácter federal, ni la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como servidores del Estado.

Lo anterior en virtud que uno de los requisitos que se establecen para ser Perito Valuador Auxiliar y Perito Valuador Independiente es contar con Título Profesional y Cédula expedida por la Dirección de Profesiones dependiente de la Secretaria de Educación Pública, es decir ser profesionistas.

 

Que digan en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del D.F. en el ámbito de la Tesorería y en el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial como interpretan el principio de legalidad  y el principio de seguridad jurídica que a continuación expongo:

Principio de legalidad
El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución o al imperio de la ley).
Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio se considera a veces como la "regla de oro" del Derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el poder ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.
Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el Derecho penal.
Seguridad jurídica
La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.
La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.
La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.
Es decir, en que parte de la legislación del Distrito Federal aparecen los temas en que versan los exámenes, en donde aparece cual es la calificación mínima aprobatoria, que Servidor Público está expresamente autorizado para establecer los exámenes.

Que digan en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del D.F. en el ámbito de la Tesorería y en el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, porque en el Manual aparecen los métodos de valuación: MÉTODO DE INGRESOS O CAPITALIZACIÓN DE RENTAS y METODOLOGÍA RESIDUAL, si el Artículo 112 del Código Fiscal del Distrito Federal no habla de la rentabilidad que produce el suelo y suelo y construcciones y no habla de las hipotéticas inversiones que se podrían dar en este mismo objeto.

Que digan en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del D.F. en el ámbito de la Tesorería y en el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, porqué en el Oficio No. SF/TDF/SCPT/1619/2014, el Señor Subtesorero de Catastro y Padron Territorial sostiene en el penúltimo párrafo: “El Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria NO TIENE POR OBJETO determinar el impuesto sobre Adquisición de Inmuebles”, si en el mismo Manual en el Artículo 2º, fracción VI.- Define al Avalúo comercial, en la parte final, sirve como basa para determinar alguna de las contribuciones estableciadas en el Código. Que digan cuales.

Que digan en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del D.F. en el ámbito de la Tesorería y en el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, como interpretan los artículos 14 y 16 Constitucionales:
ARTICULO 14. A NINGUNA LEY SE DARA EFECTO RETROACTIVO EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA. NADIE PODRA SER PRIVADO DE LA VIDA, DE LA LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO.
EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CRIMINAL QUEDA PROHIBIDO IMPONER, POR SIMPLE ANALOGIA Y AUN POR MAYORIA DE RAZON, PENA ALGUNA QUE NO ESTE DECRETADA POR UNA LEY EXACTAMENTE APLICABLE AL DELITO QUE SE TRATA.
EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CIVIL, LA SENTENCIA DEFINITIVA DEBERA SER CONFORME A LA LETRA O A LA INTERPRETACION JURIDICA DE LA LEY, Y A FALTA DE ESTA SE FUNDARA EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.
ARTICULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

Con fundamento en el Artículo 8º Constitucional: LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS RESPETARAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION, SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA; PERO EN MATERIA POLITICA SOLO PODRAN HACER USO DE ESE DERECHO LOS CIUDADANOS DE LA REPUBLICA.
A TODA PETICION DEBERA RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACION DE HACERLO CONOCER EN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO.
Que digan en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del D.F. en el ámbito de la Tesorería y en el ámbito de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, si se tiene la obligación de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

 

A T E N T A M E N T E

_________________________________
ING. FREDY ANTONIO JOSÉ SABIDO Y RIVAS
Secretario del Consejo Directivo de la
Academia Mexicana de Peritos Valuadores, A.C.

Ccp: EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA SECRETARIO DE FINANZAS DEL D.F.
Ccp: JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ CONSEJERO JURIDICO Y SERVICIOS LEGALES.
Ccp: EMILIO BARRIGA DELGADO TESORERO DEL D.F.
Ccp: ROBERTO CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ SUBTESORERO DE CATASTRO Y PT.
Ccp: CECILIA PONS ROJAS DIRECTORA DE POLÍTICA CATASTRAL
Ccp: BEATRIZ ADRIANA CALZADA PACHECO SUBDIRECTORA DE VALORES INMOBILIARIOS  Y UNITARIOS
Ccp: MARTHA TREJO ORTIZ EDITORA DE LA SECCION NEGOCIOS DEL PERIODICO REFORMA
Ccp: CLAUDIA CORDOVA FINANZAS PERSONALES DEL PERIODICO EL ECONOMISTA


 

 

 

 

 




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Niza 62, Col. Juárez, Del. Cuauthémoc, México D.F. 06600 Tel. (5255) 5535 7057 academiadevaluadores@academiadevaluadores.org